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El exfiscal Ignacio Gordillo afirma que “se cometen muchos delitos de blanqueo de capitales por imprudencia”

El exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo ha sido este jueves el primer invitado a los ‘Desayunos de Trabajo de ETEA-Loyola Alumni’, organizados por la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de ETEA en Córdoba. En este foro ha asegurado que en España “se cometen muchos delitos de blanqueo de capitales por imprudencia y desconocimiento”.

A este respecto y durante su intervención, Gordillo ha señalado que “los empresarios deben adoptar protocolos que eviten una responsabilidad penal que conlleve multas, penas de cárcel y hasta la disolución de la empresa”.

De hecho, Gordillo ha aludido al riesgo que corren las empresas de incurrir en responsabilidad penal con la actual Ley, “porque el legislador español ha trasladado la responsabilidad de control a los empresarios y deben ser ellos los que asuman medidas de prevención, para que en el ámbito de la empresa no se cometan actividades delictivas”.

Gordillo, que durante 30 años fue fiscal de la Audiencia Nacional y actualmente ejerce en el Bufete Martínez Echavarría-Pérez-Ferrero, ha hecho un repaso al “catálogo habitual” de delitos susceptibles de conllevar responsabilidad penal para la persona jurídica. Según ha detallado, “estafas, revelación de información relacionada con la Ley de Protección de Datos, violaciones de la propiedad intelectual o industrial y, sobre todo, el blanqueo de capitales, son delitos ante los que los empresarios o los directivos de grandes empresas” deberían de adoptar medidas de prevención en el ámbito legal.

El exfiscal ha hecho especial hincapié en los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, “primero porque los empresarios están poco preparados y porque en las directivas europeas los delitos fiscales son casi prioritarios”. En su opinión, cometer un delito de blanqueo de capitales es más habitual de lo que puede parecer: “El mero hecho de vender un inmueble y que el pago se haya hecho con dinero obtenido de actividades ilícitas es delito y conlleva responsabilidad penal”.

Según Gordillo, “hay ocasiones en que no es delito doloso, sino por imprudencia, porque el responsable de una empresa debe pedir garantías de que ese dinero es legal, y si tuviera dudas debe informar a los organismos controladores”.

Gordillo ha recomendado a los empresarios una serie de “buenas prácticas” para evitar la responsabilidad penal. “Hay protocolos y planes de prevención de riesgos laborales, de riesgos fiscales y de riesgos medioambientales, que no impiden que se cometan delitos en el desarrollo de la actividad, pero que al menos garantizan que la persona jurídica no incurra en responsabilidad”.

A pesar de las exigencias de la Ley, considera que no hay motivos para pensar que las empresas estén en una situación de indefensión y por eso ha hablado de un Derecho Penal preventivo. “Si se hacen las cosas conforme a la legislación vigente, si evitamos la dejadez o no miramos hacia otro lado, entonces no debemos tener miedo: ser insolvente, no pagar o tener menos ventas no son delito, el delito es incumplir la Ley para solventar esos problemas económicos”.

En su análisis de la Ley,  Gordillo se ha mostrado muy crítico con la exclusión de las personas jurídicas públicas, como ayuntamientos o comunidades autónomas de la responsabilidad penal, y puso como ejemplo el caso de los ERE: “al final acabará respondiendo algún subalterno que será insolvente, cuando debería ser la Administración la que responda si se hubiera cometido algún delito”.

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El juez procesa a 52 por personas por blanqueo del narcotráfico para las FARC

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha procesado a 52 personas, la mayoría de nacionalidad colombiana y ecuatoriana, por formar parte de una red de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico que financiaba presuntamente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Así lo ha ordenado el magistrado en un auto en el que, aunque no cuantifica el total del dinero blanqueado, impone una fianza de 48 millones de euros a cincuenta de los acusados, para hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran resultar en este procedimiento.

Ruz ha tomado esta decisión después de haberles tomado declaración indagatoria esta mañana para comunicarles su procesamiento por un delito continuado de blanqueo de capitales, que imputa a todos excepto a los españoles Antonio Jiménez Pardo y Carmen Jiménez Silva, a los que sólo acusa de uno de tenencia ilícita de armas.

También procesa a Jenny Alexandra Fasce -en prisión incondicional desde que fuera detenida en octubre de 2010 en el marco de la “operación Espejo”- y a su marido Luis Berho -para quien ha ordenado prisión eludible bajo fianza de 200.000 euros- por un delito de colaboración con organización terrorista.

Según el juez, “al menos desde 2007, y de forma permanente en el tiempo”, se estableció en España una organización liderada por el matrimonio y compuesta en su mayor parte por ciudadanos colombianos y ecuatorianos, dedicada a hacer remesas de dinero procedente del narcotráfico “a través de una extensa red de agentes y agencias colaboradoras” en estos países.

De esta forma, los beneficios de sus actividades ilícitas eran retornados a Colombia y Ecuador “simulando construir activos de procedencia lícita” e introducidos en el mercado, mientras que una parte de los mismos sirvieron “en alguna ocasión” para financiar a las FARC.

En total, subraya, la organización consiguió hacer remesas por valor de alrededor de doce millones de euros.

Se trata de una red “perfectamente estructurada” en la que cada miembro cumplía su función para desarrollar operaciones bancarias de ingreso y cambio, de transferencias a través de agencias de envío de dinero o entidades gestoras, y señala a Telegiros S.A. y Titanes Telecomunicaciones S.A., contra las que también dirige este procedimiento como responsables civiles subsidiarios.

La red ejecutaba sus actividades a través de hasta siete organizaciones independientes dedicadas a contactar con grupos de narcotráfico afincados en Colombia para negociar las condiciones del retorno de dinero para, en una segunda etapa, y vía correo electrónico, hacer llegar a la líder la información necesaria para llevar a cabo los giros.

Fasce, por su parte, se encargaba personalmente de recoger el dinero en diferentes puntos de España como Barcelona, Alicante, Las Palmas de Gran Canaria, Cubelles (Barcelona) o Cunit (Tarragona), así como el poblado chabolista de la Cañada Real en Madrid, donde presuntamente recibió dinero del conocido como “Clan de Los Ratones”, y se giraba posteriormente a Colombia.

En este punto, el magistrado precisa que, de la información remitida por la Policía colombiana, uno de los beneficiarios de las transferencias remitidas por la organización fue Juan Manuel Gómez Buitrago, que estaría relacionado con “la masacre de concejales en Rivera” por el que las FARC pagaron 15 millones de pesos.

Asimismo, Gómez Buitrago está relacionado con la detención de cinco miembros de las guerrillas colombianas y sobre él pesan tres procesos por delitos de homicidio, lesiones, terrorismo, rebelión, concierto para delinquir y lesiones personales culposas.

De todo ello, “se desprende que las FARC o algunos de sus miembros pudieren haber sido destinatarios de parte de estos fondos remesados a Colombia, pudiendo corresponder a dicha organización la propiedad de la cocaína vendida, origen del dinero transferido, pudiendo constituir el mismo una importante fuente de financiación de dicho grupo terrorista”, subraya el auto.

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Detenidas 20 personas por blanqueo de capitales

Al menos una veintena de personas ha sido detenida en una operación todavía abierta contra el «blanqueo de capitales y otros delitos» que se desarrolla en la provincia de Alicante, según informaron ayer fuentes próximas al caso.

Las fuentes consultadas no han descartado que se produzcan nuevas detenciones en las próximas horas o días, y han señalado que se han practicado unos diez registros hasta ahora, aunque no han concretado si se han llevado a cabo en domicilios o en empresas.

La operación se realiza en varias localidades alicantinas y los arrestados son de diferentes nacionalidades. Las mismas fuentes declinaron por el momento facilitar más datos sobre esta actuación policial, al estar todavía abierta y bajo secreto de sumario.

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Redada contra el blanqueo de dinero enviado a China

S. LL./P. C. Cerca de una veintena de personas han sido detenidas en la redada contra empresarios, que habrían blanqueado decenas de millones de euros enviándolos a China.

Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de Vigilancia Aduanera realizaron ayer una amplia operación contra el blanqueo de dinero de empresarios chinos instalados en la provincia que utilizaban a un conjunto de colaboradores alicantinos en el desvío de capitales a China para intentar ocultar el rastro del dinero a la Agencia Tributaria. Los agentes realizaron una decena de detenciones y al menos seis registros domiciliarios en Alicante, Elche, Villena, Benidorm y Petrer. El objetivo principal de estas actuaciones era intervenir documentación en soporte papel e informático con el fin de probar el presunto blanqueo.

Tras las operaciones de blanqueo hay, al parecer, un entramado de empresas creadas para tratar de defraudar al fisco con los beneficios de firmas relacionadas con el sector del calzado, mayoritariamente. Los especialistas de la Agencia Tributaria y de la Policía Nacional tendrán que revisar ahora toda la documentación intervenida ayer para calcular el dinero presuntamente blanqueado, aunque inicialmente se calcula que puede ascender a varios millones de euros, según indicaron fuentes cercanas al caso.

Uno de los registros se realizó ayer por la mañana en una empresa situada en la zona centro de Alicante y que está especializada en movimientos comerciales con el mercado chino.

No obstante, los principales implicados en el fraude a Hacienda se encuentran en Benidorm y Petrer. En esta última ciudad se realizaron dos registros, uno en una empresa dedicada al comercio al por mayor de cueros y pieles en bruto que continuaba a las nueve de la noche.
La investigación la dirige el juzgado de Instrucción número 1 de Alicante y ha sido realizada de forma conjunta por agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada de Policía Judicial y de Vigilancia Aduanera.

Las diligencias se abrieron a partir de otra investigación llevada a cabo también por el mismo juzgado. El juez en funciones de guardia autorizó ayer los registros ordenados por la juez que instruye el caso y que investiga si existe una trama entre los empresarios chinos y una serie de oficinas y asesorías a través de la cual alicantinos implicados en el fraude ingresaban, supuestamente, dinero en cuentas bancarias chinas a cambio de quedarse con una comisión. Entre las distintas alertas que parecen haber llegado al juzgado estaría la del Banco de España. Las diligencias están bajo secreto sumarial y entre la primera decena de detenidos no habría todavía ningún ciudadano chino.

La investigación apunta a la supuesta comisión de los delitos contra la Hacienda Pública y el blanqueo de capitales.

El juzgado de Instrucción número 1 dirigió en 2009 otra investigación que culminó la Agencia Tributaria y la Policía Nacional con la detención de 11 personas en Alicante y Mutxamel. En dicha operación se descubrió un fraude fiscal y blanqueo de 30 millones de euros en cuatro años a través de la importación de calzado de China.

En dicha operación, mediante una actividad comercial legal como importador de mercancías de China se vendía el producto sin emisión de facturas a diversas empresas de Elche administradas por ciudadanos chinos. Con posterioridad se blanqueaba el dinero mediante transferencias millonarias a distintas cuentas corrientes ubicadas en China.

Uno de los presuntos implicados en la anterior trama era un español que fue atracado en el barrio de San Gabriel cuando iba a ingresar en un banco un millón y medio de euros de empresarios chinos asentados en Elche.

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Exclusive: Senate investigating HSBC for money laundering

www.reuters.com

(Reuters)- HSBC Holdings PLC is under investigation by a U.S. Senate panel in a money-laundering inquiry, the latest step in a long-running U.S. effort to halt shadowy money flows through global banks, according to people familiar with the situation and a company securities filing.

The inquiry being conducted by the Senate Permanent Subcommittee on Investigations could yield a report and congressional hearing later this spring, these people said. The subcommittee has a history of conducting high-profile hearings that have proved embarrassing for the world’s biggest banks.

The intensifying scrutiny of HSBC is the latest in a series of investigations by U.S. officials into how global banks have processed — and in some cases, intentionally hidden — financial transactions on behalf of countries which allegedly support terrorism, corrupt foreign officials, drug gangs and criminals. Since 2008, European and U.S. banks have signed deferred prosecution agreements and paid more than $1.2 billion in penalties for alleged violations of anti-money laundering regulations.

The specific focus of the Senate probe of HSBC isn’t known. A Reuters review of legal documents and prior regulatory probes, though, points to a number of alleged breakdowns in HSBC’s anti-money laundering systems.

HSBC spokesman Robert Sherman said in a statement, “We have ongoing discussions with officials” including the Senate panel “on a number of regulatory and compliance matters. The nature of these discussions is confidential; in all cases, we are cooperating.”

A spokesperson for the Senate subcommittee declined comment.

Earlier this month, HSBC named former top U.S. Treasury Department official Stuart Levey as chief legal officer in a sign of how the bank is hiring outside experts in money laundering. Levey, who specialized in combating terrorism financing and left the Treasury Department last year, is based in London. An HSBC spokesman said Levey wasn’t available for comment.

Stuart Gulliver, HSBC chief executive, said in a statement this month that Levey’s experience “dealing with international financial and legal issues is highly relevant to a global bank such as HSBC.”

EARLY WARNING SIGNS

For HSBC, which has operations in more than 80 countries and territories, the Senate probe is another sign that U.S. law enforcement officials are widening their inquiries into the London bank – one that for the past decade has repeatedly drawn scrutiny from U.S. financial regulators for weak money-laundering controls and allegedly enabling healthcare fraud and tax evasion.

In 2003 and 2010, two U.S. bank regulators raised serious concerns about the bank’s anti-money laundering systems and staff and ordered the bank to improve anti-money laundering systems and personnel, according to enforcement actions by the Federal Reserve Bank of New York and the Comptroller of the Currency, a Treasury Department unit.

In securities filings, the bank has disclosed increasing inquiries. In 2010, the bank disclosed that it had received grand jury subpoenas and was being investigated by the Justice Department in money-laundering inquiries. It subsequently said the district attorney’s office in Manhattan was investigating.

Then in November, HSBC said additional inquiries were being pursued by the Senate panel and the U.S. Securities and Exchange Commission, according to an SEC filing by HSBC USA Inc. The bank said the investigations focused on money laundering and the proper filing of U.S. taxes by customers. The unit is HSBC’s main U.S. business, offering retail and corporate banking to some 4 million customers. HSBC’s North American operations, which include HSBC Bank USA and a consumer-finance unit, account for about 5 percent of HSBC profits.

WEST VIRGINIA LINK

Investigations into how the bank allegedly was used to launder money extend to Vienna, W. Va. There, a pain-management doctor named Barton J. Adams was indicted in 2008 by the Justice Department on 169 counts of alleged healthcare fraud, tax evasion, money laundering and witness tampering. Adams allegedly moved hundreds of thousands of dollars in Medicare fraud proceeds between an HSBC Bank USA internet account and other HSBC accounts in Canada, Hong Kong and the Philippines, according to U.S. District Court filings in West Virginia. Dr. Adams has pleaded not guilty.

Stephen Herndon, an attorney for Adams, declined to comment citing the ongoing litigation. A spokesman for the U.S. attorney’s office in West Virginia declined comment.

To be sure, HSBC isn’t the only major bank to face scrutiny from regulators over alleged money laundering. In 2009 and 2010, Barclays PLC, Lloyds Banking Group and Credit Suisse Group agreed to forfeitures totaling $1.2 billion with U.S. regulators that found the banks evaded U.S. law in aiding sanctioned countries. In 2010, Royal Bank of Scotland Group PLC agreed to forfeit $500 million to the U.S. to cover ABN Amro Holding NV’s illegal U.S. dollar transactions tied to Iran, Libya, the Sudan and Cuba. RBS and a bank consortium acquired ABN, a Dutch bank, in 2007.

Law-enforcement scrutiny is increasingly focused on narcotics proceeds moving between the U.S. and Mexico. In 2010, for example, Wachovia Bank, acquired by Wells Fargo & Co. in 2008, agreed to a $160 million settlement with the Justice Department, which alleged that failure in controls at the bank allowed drug traffickers to launder drug money tied to Mexico.

A 2011 study by the Government Accountability Office said that money from illegal drug sales in the U.S. that flows back to Mexico — often in the form of large currency shipments called “bulk cash smuggling” — totals between $18 billion and $39 billion a year. John Cassara, an expert on money laundering and former Treasury agent, said U.S. authorities struggle to stop the money flowing from the U.S. into Mexico.

HSBC UNDER MICROSCOPE

HSBC has faced several orders to improve its anti-money laundering policies. In 2003, HSBC Bank USA, under an agreement with the Federal Reserve Bank of New York and New York bank regulators, said a “common goal” with regulators was that the bank would “ensure that the bank fully addresses deficiencies in the bank’s anti-money laundering policies and procedures.”

At the time, the bank agreed to design a program to upgrade internal controls to ensure compliance with Bank Secrecy Act provisions to better monitor “suspicious or unusual activities.”

In early 2010, HSBC again came under scrutiny. The Senate panel alleged in a report, titled “Keeping Foreign Corruption out of the United States,” that HSBC, along with other banks, had allowed high-risk individuals, known as politically exposed persons, or PEPs, to route money through the U.S. financial system. Such persons are typically powerful foreign leaders, relatives and close associates from regimes prone to corruption.

The 2010 Senate report analyzed HSBC’s ties to Angola, the oil-producing African country prone to graft and mismanaging oil revenues. The Senate report alleged that HSBC provided U.S. banking services to politically connected officials of Angola’s national oil company through Banco Africano de Investimentos, or BAI, an Angolan private bank, without designating the transactions as potentially high risk. HSBC allowed those money movements “despite the presence of PEPs” in BAI’s management and clientele.

At a Senate hearing, Wiecher Mandemaker, then a director of general compliance for HSBC Bank USA, said the bank believed that institutions such as BAI were important to helping move Africans “into the modern banking system.” The HSBC official said the bank had thoroughly investigated BAI and that it was HSBC’s policy to discourage banking relationships with PEPs unless the bank had a long-standing relationship with the client and the bank believed the client had a “legitimate source of funds.”

Mandemaker has since left the bank and could not be reached for comment.

In late 2010, the bank was hit with another order from a U.S. bank regulator to clean up its anti-money laundering system after the Office of the Comptroller of the Currency, or OCC, investigated several businesses that routed cash for clients and other banks. The probe and subsequent consent order “identified deficiencies” in the HSBC’s anti-money laundering practices and among other requirements, ordered the bank to hire a permanent regional compliance officer and submit full compliance plans in policing improper money flows.

HSBC subsequently exited or curtailed those businesses. It separately has announced plans to exit numerous U.S. businesses, agreeing to sell both bank branches and a credit card business amid a shift to faster-growing economies.

The OCC found the bank’s “compliance program and its implementation are ineffective” and that the bank faced the “significant potential for unreported money laundering or terrorist financing.”

The OCC consent order said that between 2006 and 2009, HSBC had not properly monitored bulk cash transactions. The OCC order also said the bank did not “appropriately” designate customers as “high risk” even if the customer affiliation with a politically exposed person could hurt the bank’s reputation. The report also criticized the bank for a backlog of unprocessed suspicious activity reports, known as SARs, that can tip off regulators to questionable money flows.

As part of the consent order, the bank said it had “committed to taking all necessary and appropriate steps to remedy the deficiencies.”

Sherman, the HSBC spokesman, said, “We acknowledged we fell short of our own expectations and are working with our regulators to address and resolve the issues raised.”

Sherman said the bank had taken steps such as investing in staff, a new anti-money laundering system, a new compliance helpline, and new training for all U.S. employees.

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¿Qué hacen en el Sepblac?

www.cincodias.com

El Servicios Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) es el organismo al que deben acudir, por ley, entidades financieras, abogados, notarios o joyeros en el caso de que sospechen que alguno de sus clientes trata de blanquear dinero.

La legislación vigente establece un largo listado de funciones y obligaciones para este organismo. Entre ellas, se encuentra la “elaboración de estadísticas sobre el blanqueo de capitales”. Sin embargo, la última memoria de las actividades del Sepblac data de 2008. Así, no existen datos o cifras para valorar si la nueva ley antiblanqueo que se anunció a los cuatro vientos y se aprobó en 2010 ha servido para algo.

Encontrará el original en el siguiente link

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