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ING pagará US$ 370 millones por violaciones a las sanciones contra Irán y Cuba

El ING Groep N.V. Acordó pagar 370 millones de euros al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, debido a las violaciones de las leyes de sanciones contra Cuba e Irán cometidas por su unidad de banca comercial.

El grupo finnanciero, que tiene sede en Amsterdam, confirmó el acuerdo pero no especificó cuáles sanciones fueron violadas. Sin embargo, una fuente anónima relacionada a la investigación adelantada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus iniciales en inglés) precisó que el banco permitió transacciones relacionadas a ambos países designados.

“Ellos permitieron los pagos entre algunas compañías holandesas que hicieron algunos negocios en Irán, relacionados a parte de aeronaves que fueron construidas aquí [en Estados Unidos]. Esto no indica que ING lo hizo intencionalmente o que sabía lo que estaba sucediendo, pero definitivamente [las autoridades] los engancharon por eso”, afirmó un abogado familiarizado con la investigación, quien también solicitó mantener su nombre en reserva.

“Una multa tan altas que dice que hubo muchas violaciones y que allí alguien no le prestó atención al cumplimiento de la ley”, señaló Hal Eren, otro abogado de Washington D.C.

Por su parte, un ex funcionario del Departamento del Tesoro confirmó que las violaciones también fueron relacionadas a transacciones con Cuba, pero no explicó la naturaleza de las mismas, sino que las calificó como “serías”.

Estos problemas con Cuba no son nuevos. En el año 2006, el Departamento del Tesoro incluyó a la subsidiaria de ING ubicada en las Antillas holandesas -Netherlands Caribbean Bank- en la lista de Nacionales Especialmente Designados, debido a que el gobierno de Cuba tenía acciones en la empresa, la cual fue posteriormente cerrada en 2007.

“Tener una subsidiaria que pertenece parcialmente al gobierno cubano en un gran problema”, precisó una fuente relacionada a la investigación.

Costo millonario

Desde que se conoció la investigación, ING ha gastado decenas de millones de dólares en mejorar sus esfuerzos de cumplimiento antilavado de dinero y de las sanciones estadounidenses, en parte realizando revisiones retrospectivas de las transacciones pasadas.

La empresa informó que ha incrementado el cumplimiento global durante los últimos años y enfatizó que “las discusiones adelantadas con las autoridades estadounidenses no se relacionan al área de seguros, a las operaciones de gestión de inversiones, ni con la banca minorista o ING Direct”.

En el año 2010, el Fondo de Garantía de las Exportaciones de Irán mencionó en su página de Internet a cientos de bancos, entre ellos al ING, que mantenían relaciones de corresponsalía con 10 instituciones iraníes incluidas en la lista negra estadounidense.

Por Colby Adams y Brian Monroe

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Nueva operación contra el blanqueo de capitales en locutorios telefónicos

Continúa la tipología de lavado de dinero consistente en la usurpación de identidad de clientes legítimos para realizar operaciones de lavado de dinero a través de las remesas de los emigrantes. En la última operación policial se ha descubierto el blanqueo de 13 millones de Euros. En 2011 las investigaciones revelaron actividades para intentar legitimar capitales provenientes del narcotráfico por valor de más de 100 millones.

Un nuevo caso de blanqueo de dinero de importancia a través de locutorios telefónicos.  La Policía Nacional desmanteló el jueves 3 de mayo la maquinaria de blanqueo establecida en la explotación comercial de un locutorio telefónico ubicado en Madrid. Se estima que desde este establecimiento se blanquearon más de 13 millones de euros generados por el tráfico de drogas con destino a Colombia. Se ha detenido a cuatro personas (a los antiguos y actuales propietarios del establecimiento).

La investigación policial ha analizado una ingente cantidad de documentación relativa a más de 20.000 envíos de dinero, de los cuales cerca de 12.000 movimientos fueron utilizados para el blanqueo de dinero. Para ello, los arrestados usurpaban la identidad de clientes legítimos que hubieran aportado su pasaporte o se valían de documentación falsa.

En un comunicado, la Policía Nacional explica que las primeras pesquisas comenzaron a mediados del año pasado sobre este locutorio ubicado en Ciudad Lineal y los agentes encargados del caso realizaron desde entonces una ingente labor de análisis de todos los datos relativos a envíos.

De los más de 20.000 giros analizados, aproximadamente 12.000 presentaban características sospechosas comunes, puesto que eran enviados a Colombia por remitentes de diferentes nacionalidades, los importes superaban con creces la media habitual y no parecía existir relación familiar entre los remitentes y los beneficiarios de los envíos.

Suplantación de personalidad

Se trataba de clientes legítimos del locutorio que para enviar dinero a sus países de origen habían presentado su pasaporte en el establecimiento, que eran usados por los detenidos como pantalla para justificar los giros.

En unas ocasiones, según las pesquisas, modificaban los datos del pasaporte del cliente y, en otras, si no había agotado el tope de dinero permitido por persona al trimestre para enviar al extranjero, utilizaban sus datos verdaderos hasta alcanzar este límite.

Otra de las vías para dar una apariencia de legalidad al blanqueo era el uso de documentación falsificada que permitiera no llamar la atención sobre la cantidad de euros que salían del país.

A partir de las vigilancias y seguimientos, los agentes pudieron localizar los domicilios particulares, tanto de los actuales propietarios como de los anteriores, ya que este establecimiento había sido traspasado en una ocasión, aunque la actividad criminal se remontaba también a los primeros dueños del locutorio.

Una vez obtenida la correspondiente autorización judicial, se procedió tanto al registro de los domicilios, como del locutorio, procediendo a la detención de los dos propietarios actuales y de los dos anteriores. Se les imputan delitos de blanqueo de capitales, falsificación documental y usurpación de identidad.

100 millones en la Operación de febrero de 2011

Entre las operaciones importantes contra los locutorios destaca la realizada en febrero de 2011 cuando la policía intervino 50 locutorios repartidos por Madrid y otras localidades de la periferia, desde donde una red criminal había lavado supuestamente hasta 100 millones de euros, según los cálculos de los investigadores.

Un ciudadano dominicano montó una trama a través de una sociedad mercantil que había adquirido numerosos locales en Madrid y en los alrededores, desde donde numerosos inmigrantes hacían envíos frecuentes de altas cantidades de dinero a Colombia y Republica Dominicana.

La policía sospechó que en cada locutorio se mezclaba el negocio legal con envíos de dinero que procedía de actividades delictivas, sobre todo del tráfico de droga. Los agentes investigaron 259.000 envíos efectuados desde estos locutorios.

Unos meses antes, la policía desarticuló otra red y detuvo a 41 personas en Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia y Zaragoza, por blanquear entre seis y 20 millones de euros a través de locutorios y empresas especializadas en el envío de dinero al extranjero.

La red estaba vinculada a siete carteles colombianos de droga, que manipulaban a inmigrantes para que mandaran pequeñas cantidades (hasta 5.000 euros) como si fueran remesas de dinero para sus familiares a través de los locutorios.

La investigación que dio lugar a este caso se abrió en 2008, cuando el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales advirtió a la policía de que habían aumentado mucho las remesas a Ecuador y Colombia desde España.

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Investigaciones contra el financiamiento del terrorismo se alejan de las ONGs y se enfocan en los individuos

Las autoridades estadounidenses parecen reorientar sus investigaciones de financiamiento del terrorismo lejos del sector de las organizaciones caritativas. El nuevo enfoque apunta ahora hacia los individuos que envían dinero internacionalmente. Esta fue una afirmación hecha el mes pasado por un alto funcionario de investigaciones estadounidenses el pasado mes de marzo.

J. Chris Warrener, jefe de los Sección de Operaciones de Financiamiento Terroristas del FBI (Buró Federal de Investigaciones), dijo durante su participación en la 17° Conferencia Anual Internacional Antilavado de Dinero de ACAMS realizada en marzo en Florida, que “las organizaciones caritativas no representan la amenaza que alguna vez fueron”.

Esta afirmación fue respaldada por otro funcionario estadounidense de la lucha contra el terrorismo, quien habló bajo condición de anonimato: “Las investigaciones que estamos realizando son pocas y distantes entre sí, en su mayoría relacionadas con donaciones que podrían terminar en manos de los Hermanos Musulmanes [de Egipto]“.

Si bien el Departamento de Justicia ha conseguido sentencias en los casos de personas que trabajan o defienden a las organizaciones benéficas sospechosas de financiar grupos terroristas de la lista negra, los fiscales no han ganado una condena en contra de una organización caritativa desde el año 2008. Por el contrario, desde enero de 2011 los investigadores federales han conseguido condenas de más de una docena de personas sospechosas de apoyar a los terroristas, lo pudiera confirmar que están mas enfocados en los individuos y no en las entidades.

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The Basel AML Index. Country Risk Rating

The Basel AML Index is a composite country risk ranking developed by the Basel Institute on Governance and its expert team from the International Centre for Asset Recovery (ICAR). The purpose of the Basel AML Index is to analyze countries risk regarding money laundering / terrorism financing, and other related factors such as corruption and political risk.

http://index.baselgovernance.org/Index.html

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Jaime Gayá : ´Hay casos de blanqueo de hace diez años en los que todavía no se ha dictado sentencia´

La aprehensión de un alijo de droga deja tocadas a las redes de narcos pero no garantiza su desmantelamiento. Conscientes de que solo si se ataca la base económica de los clanes de la droga se podrá cortar el narcotráfico, el Servicio de Vigilancia Aduanera en Galicia ha reforzado las unidades de investigación de blanqueo de capitales. Pero sus investigaciones tardan años en dar frutos. ¿El motivo? La falta de juzgados específicos, según apunta el jefe de la Dependencia Regional de Aduanas en Galicia. Una situación que hace que los casos de blanqueo tarden años en resolverse. “Eso hace daño y resta fuerza a las investigaciones de blanqueo”, advierte Jaime Gayá

R. PRIETO | A CORUÑA -Vigilancia Aduanera lucha contra el fraude fiscal por tierra, mar y aire. En los dos últimos años, con la crisis ha florecido este tipo de delito. A la vista de los datos de 2011 y las investigaciones en marcha, ¿cuál es la situación en estos momentos?

-Vemos un pequeño repunte del contrabando de tabaco. Estamos cada vez más implicados en la lucha contra el fraude fiscal. Antes estábamos totalmente absorbidos por narcotráfico pero ahora diversificamos nuestras actuaciones. Lógicamente cuanto más investigas, más descubres.

-Galicia es uno de los puntos calientes para la entrada de droga en España. ¿Eso la convierte en una de las que registra más delitos de blanqueo de capitales?

-Hay una tradición fuerte de investigación de blanqueo de capitales. La propia regulación del delito de blanqueo de capitales en España se introdujo pensando en el narcotráfico. Luego se ha ido ampliando su ámbito. Esas razones históricas hacen que un sitio con mucho narcotráfico como era Galicia fuera una de las comunidades con más delitos de blanqueo.

-Hace años al delito de blanqueo no se le daba tanta importancia. En la lucha contra el crimen organizado, si no se ataca la base económica de las grandes redes de narcos, poco se puede hacer contra el tráfico de drogas.

-Llevamos mucho tiempo completando nosotros las actuaciones que hacemos de narcotráfico. Siempre hacemos análisis patrimoniales. Tenemos cinco unidades dedicadas a blanqueo. Se ha hecho un esfuerzo muy importante en blanqueo.

-Los resultados de la lucha contra el fraude fiscal no tienen tanto reconocimiento, al menos en la presentación ante los ciudadanos.

-La imagen de una aprehensión de droga vende. Es impactante ver los fardos en el muelle. La investigación de blanqueo es una labor más callada. Porque una anotación preventiva de embargo no resulta tan llamativa. Junto a eso tenemos que, en general, los sumarios y las vistas por blanqueo tardan años. Ahora están empezando a caer sentencias con mayor celeridad. Son procesos muy complejos.

-¿A qué achaca esa lentitud, a falta de personal?

-No, el retraso se debe a la complejidad del asunto: una investigación patrimonial con varias cuentas, incluso con necesidad de realizar comisiones rogatorias al extranjero, análisis de cuentas bancarias… Hasta que el órgano judicial reacciona y termina la instrucción, pasan años. Eso hace mucho daño. Nosotros tenemos anotaciones preventivas de embargo que llevamos diez años y todavía no se ha dictado sentencia. Eso hace daño y resta fuerza a la investigación de blanqueo. Porque aunque tú la terminas, tienes que esperar varios años a que se dicte sentencia. Y los bienes pueden estar ya deteriorados. Pero los juzgados y la Fiscalía trabajan cada vez mejor.

-¿Qué medidas se deberían tomar desde el ámbito judicial para conseguir acelerar este tipo de procesos?

-Yo me pongo en la piel del juzgado, le llega un tema raro y complejo. Hacen falta juzgados específicos para abordar los delitos de fraude fiscal y blanqueo.

-¿Con qué dificultades se encuentran para desarticular esas redes de blanqueo?

-El problema fundamental para desmantelar una organización de blanqueo es el entramado internacional. La Agencia Tributaria está acostumbrada a investigaciones patrimoniales; el problema surge cuando estas estructuras de narcos depositan parte de los bienes en el extranjero, cuentas en paraísos fiscales, con entramados muy complejos de sociedades interpuestas, de testaferros. Eso es lo realmente difícil de una investigación patrimonial de blanqueo. Hemos tenido investigaciones con comisiones rogatorias, incluso en Suiza, Andorra, Bahamas.

-¿Se han reforzado los equipos de investigación de la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales?

-Es un personal muy formado que cada vez va cogiendo más experiencia. Hace cinco años, teníamos operativas dos unidades de blanqueo. En estos años hemos doblado. En la actualidad disponemos de una en Ribadeo, otra en A Coruña, Vigo y Ourense. Lugo se dedica parcialmente. Antes no existía la de A Coruña y la de Vigo tenía menos personal.

-En cuanto a los medios, los sindicatos denuncian que varias embarcaciones no salen a operar varios días a la semana por falta de personal.

-En Ribadeo hubo un problema con la lancha, pero ya está operativa. El número de millas y horas navegadas en Galicia no paran de incrementarse año tras año. De las 9.996 horas navegadas en 2010 se ha pasado a más de 11.000 el año pasado.

-Galicia se quedó a principios del año pasado sin el avión que cubría la costa gallega. Ahora está en Murcia, ¿cuándo volverá a la comunidad?

-Ha habido una reestructuración del servicio aéreo al tener que cambiar la matrícula de los aviones de militar a civil. Eso conllevó hacer una revisión técnica íntegra. En ese proceso se llevaron los aviones al sur porque allí está la empresa que hace la inspección. No ha habido una vez que hayamos pedido un avión y que no se pusiera al momento a nuestra disposición.

-Pero la base del avión, ¿volverá a estar en Galicia?

-El compromiso es intentar que se asiente aquí de nuevo. Pero mientras esté en marcha el proceso de matriculación tendrá que estar en otro sitio, De horas de navegación aérea, casi se han incrementado porque se está sacando mucho partido del convenio con Salvamento Marítimo. Nuestros funcionarios vuelan en el avión de Salvamento.

-¿Se está percibiendo la reorganización de clanes como los Charlines o los Oubiña?

-No se aprecia ningún movimiento en ese sentido.

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Galicia deja de ser la principal puerta de entrada de la cocaína en Europa

R.PRIETO – A CORUÑA La costa gallega fue durante décadas el punto de desembarco de fardos de cocaína procedente de Suramérica. En la actualidad, Galicia ya no es la principal puerta de entrada de la coca que llega al mercado español y europeo. Las grandes redes de narcotráfico, controladas por capos colombianos y venezolanos, han cambiado la tradicional ruta marítima –inoperativa tras los golpes de Vigilancia Aduanera, Greco y Udyco– por el traslado de la droga en contenedores y aviones, jets privados e incluso helicópteros. Estas nuevas técnicas junto con el refuerzo de la vigilancia han hecho caer un año más las aprehensiones de droga en la comunidad autónoma, hasta tal punto que en 2010 no se registró ninguna operación marítima en la comunidad. Ahora son los puertos de Levante y Andalucía los puntos elegidos por las organizaciones de narcotraficantes para introducir la cocaína en Europa.
En el último año, las incautaciones de cocaína en la costa gallega cayeron un 63% –610 kilos frente a los 1.619 de 2010–. Uno de los factores que ha provocado el desplome del tráfico marítimo de coca en Galicia ha sido la presión policial que ha dejado a las redes de narcos gallegos sin planeadoras ni transportistas. En 2009, la operación Tabaiba no solo llegó a los lancheros sino que se extendió a mecánicos, especialistas en comunicaciones y vendedores de carburante. Un golpe policial que dejó a las organizaciones gallegas encargadas del transporte de la droga del mar hacia la costa sin apenas infraestructura ni logística.
Contenedores
“Ya no somos la principal puerta de entrada de cocaína en Europa. Lo indican los datos de consumo y el precio del mercado. Hoy día la vía marítima ha pasado a un segundo plano, la principal vía de entrada de coca es el contenedor.”, apunta Jaime Gayá, jefe de la Dependencia Regional de Aduanas en Galicia. Esta nueva técnica convierte a los puertos de Tarragona y Valencia –los que registran un mayor tráfico de contenedores– en los principales puntos de entrada de la droga en el mercado europeo.
Prueba de que la droga sigue entrando, es el precio en el mercado, según apunta Gayá: en el primer semestre de 2010 el kilo de coca con un 74 por ciento de pureza costaba 32.400 euros; en el mismo periodo de 2011, casi 34.000 euros pero con una pureza del 72 por ciento, y en la actualidad, con 67 por ciento de pureza, el coste es de 34.800 euros. “El precio ha subido y su pureza ha disminuido, esto quiere decir que hay menos producto en el mercado”, concluye.
Las estadísticas de narcotráfico de este año en Galicia volverán a dispararse por la aprehensión el pasado mes del primer gran alijo de los últimos tres años: el pesquero Ratonero con 2.600 kilos de coca a bordo. “Aunque ya no somos la principal puerta de la entrada de la droga en Europa, no podemos bajar la guardia para mantener la situación actual”, reitera el responsable de Vigilancia Aduanera en Galicia.
En 2011, las ocho patrulleras con las que cuentan las seis bases de Aduanas en Galicia –A Coruña, Muros, Ribadeo, Vigo, Vilagarcía y Marín– realizaron más de 11.000 horas de navegación (un 10 por ciento más que las practicadas el año anterior), recorrieron casi 92.300 millas (un 15,7 por ciento más) y reconocieron 821 barcos (un 22,9 por ciento más).
En toco caso, la aprehensión de un alijo de droga deja tocada a las redes de narcos pero no garantiza su desmantelamiento. Conscientes de que solo si se ataca la base económica de los clanes de la droga se podrá cortar el narcotráfico, el Servicio de Vigilancia Aduanera en Galicia ha reforzado las unidades de investigación de blanqueo de capitales. Pero sus investigaciones tardan años en dar frutos. “Hay casos de blanqueo de hace diez años en los que todavía no se ha dictado sentencia”, explica el jefe de la Dependencia Regional de Aduanas de la comunidad autónoma. ¿El motivo? La falta de juzgados específicos, según apunta Jaime Gayá. Una situación que hace que los casos de blanqueo tarden años en resolverse. “Eso hace daño y resta fuerza a las investigaciones”, advierte este responsable.

La crisis potencia el tráfico de hachís por el sur de España
La crisis ha potenciado el tráfico del hachís. Los clanes gallegos vinculados al narcotráfico se trasladan al sur de España para hacer la labor de transportista que hace años desarrollaban en la comunidad. “La disminución de cocaína por vía marítima provoca esta bajada al sur para el transporte de hachís”, comenta el jefe de Aduanas en Galicia, Jaime Gayá.
Pero no solo integrantes de redes dedicadas hace años al tráfico de cocaína participan en descargas de hachís, personas sin vinculación alguna con el narcotráfico también se ven atraídas por los beneficios que les puede reportar participar durante unos minutos en un traslado de cannabis.
Por una descarga de hachís, las redes de narcos pagan a cada colaborador entre 300 y 600 euros, una cantidad muy inferior a los al menos 18.000 euros que desembolsan para los que llevan a tierra cientos de fardos de cocaína.
Penas
A la vista de la condena a la que se enfrentan si son cazados descargando un alijo, la diferencia económica no compensa. Para los cachorros del hachís, el Código Penal recoge condenas que van de uno a tres años, lo que les permitiría incluso eludir el ingreso en prisión a los participantes en una descarga si carecen de antecedentes ya que la pena se impone según el papel que desempeña en el grupo organizado y la cantidad de droga intervenida.
Por el contrario, el tráfico con drogas duras acarrea penas de cárcel de entre seis y nueve años, lo que supone el ingreso en prisión aunque el condenado tenga limpio su historial delictivo. Por esta razón, el negocio del hachís tiene menos riesgos que el tráfico de la cocaína.

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