Además de un derecho de los ciudadanos, el secreto profesional es el garante de que se mantenga la relación de confianza abogado-cliente, sin cuya existencia el ejercicio de la abogacía carecería de sentido.
Sin embargo, la lucha en el campo de la prevención del blanqueo de capitales ha llevado a incluir a los abogados dentro de los sujetos obligados a colaborar con la administración en la prevención del blanqueo de capitales con expresa obligación de informar de aquellas operaciones sospechosas de las que tenga conocimiento por razón de su profesión.
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